"En el banquillo se sientan hoy aquí las personas equivocadas, juzgadas según el artículo 129 del código penal por pertenencia a una organización criminal. Entre los acusados deberían figurar los partidarios e instigadores de la guerra y la industria armamentística. Ellos son los grupos criminales. Ellos deberían ser juzgados hoy."
¿Puede la guerra ser pacífica?
Se repite una y otra vez que las guerras actuales, y especialmente la guerra en Afganistán, son misiones de paz. Se especula acerca de las consecuencias de la retirada de las tropas: desencadenamiento de guerras civiles, situaciones caóticas... El presente estado de guerra significa para la población afgana, por el contrario, miseria, hambre y terror. La política alemana, de Jung a Merkel, sostiene infatigable el mito de que las tropas ISAF de la OTAN que operan en Afganistán actúan únicamente con la misión humanitaria de garantizar la paz y la "estabilización" del país. Sin embargo, es cada día más claro que la guerra sin límites que conducen, en la que se encuentra movilizado a día de hoy un contingente de 3.300 soldados del ejército alemán, no se trata en ningún caso de una misión de ayuda al desarrollo.
La llamada guerra contra el terror en el Hindukush emplea medios de la lucha antipartisana, orientándose tanto contra combatientes como contra la población civil. Con la toma del mando por las tropas especiales alemanas (Schnelle Eingreiftruppe), se refuerzan cada vez más los métodos de la lucha antiguerrilla.
Lo que esto significa para la población afgana volvió a evidenciarse en la masacre cometida por las tropas de la coalición el día 21 del pasado agosto. El discurso oficial que pretende justificar los crímenes proclama haber atacado con apoyo afgano un encuentro de talibanes en la provincia de Herat, al oeste del país, acabando con la vida de 30 individuos entre los que se encontraban líderes de la resistencia islamista. Días después la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos (AIHRC) constató que 90 personas ajenas a la lucha, principalmente mujeres y niñ@s, fueron asesinadas. Incluso el presidente Karsai, aliado de los países occidentales, tuvo que admitir la muerte de l@s civiles.
Esta masacre condujo en Afganistán a protestas masivas. Ciudadan@s de Azizabad arremetieron furios@s contra soldados afganos. Ante la violencia de los acontecimientos acaecidos en Herat aumenta la legítima resistencia contra la ocupación en todas las clases sociales de la población civil afgana. Los medios occidentales presentan al afgano de forma general como talibán o señor de la guerra; una imagen del enemigo absolutamente distorsionada. Para muchos, lo que está en juego es algo tan simple como el derecho a la resistencia contra el terror de la ocupación, bajo la cual tant@s inocentes son condenados a morir.
Una y otra vez se producen estos "percances", que no son sino el auténtico día a día de la guerra: en un comunicado de la agencia DPA un día antes de la masacre de Herat se da parte de la declaración del ejército alemán, que acaba con la vida de un supuesto combatiente afgano en las cercanías de Faisabad. El comisario de la policía provincial aclara sin embargo que se trata de un pastor. Presumiblemente habría señalado a la patrulla militar por medio de gestos de que no se acercasen más al rebaño.
Mientras que se alude a las muertes afganas como a inevitables daños colaterales de la guerra, el fallecimiento de un soldado alemán, por su parte, alienta un duelo a escala nacional. A finales de agosto murió un paracaidista en un ataque a un convoy alemán. El ministro de defensa de la BRD, Jung, manifiesta que su pelotón habría caído en una trampa explosiva. Condena el atentado como cobarde y alevoso.
Cuántas mortajas con soldados, hombres y mujeres, deben ser devueltas a Alemania para que tod@s lo entendamos: ¡Las tropas alemanas deben salir de Afganistán! ¿Porqué no son suficientes las ya numerosas muertes afganas?
El consenso del Congreso sobre la prolongación del despliegue de efectivos militares en Afganistán es ya un hecho. Junto a ello, no son poc@s l@s propi@s soldados alemanes que a pesar de toda suerte de propaganda reconocen el auténtico sentido de la intervención en Afganistán. El descenso de alistamientos voluntarios al servicio militar es notorio; el 10% de l@s aspirantes a oficial abandona el servicio ya durante el periodo de instrucción. Temen justificadamente por su vida.
¿Cuáles son los motivos de la guerra?
Las mentiras sobre los objetivos alemanes en su política de guerra son manifiestas. Ya en 1999 se pregonaba la necesidad de participar en la guerra para evitar así un nuevo Auschwitz. Con esa descarada instrumentalización del holocausto se legitimó por primera vez el ataque a Jugoslavia, un ataque ilegal según el derecho internacional y la Constitución alemana. Costó la vida de muchos civiles. Supuestamente se pretendía prevenir un genocidio en Kosovo. La destrucción de las infraestructuras para el suministro de agua y electricidad, de los puentes, refinerías de petróleo e industrias químicas, deterioraron drásticamente las condiciones de vida de los habitantes. Jugoslavia fue devastada.
La importancia de Afganistán en tanto que enclave geoestratégico es el principal motivo de la guerra. El consorcio norteamericano Unocal pretende instalar un oleoducto que atraviese el territorio afgano. Territorio fundamental como corredor de oleo- y gaseoductos debido a su emplazamiento en las inmediaciones de dos tercios de las provisiones mundiales de estas materias primas. La zona se presta, además, en este escenario de importancia política mundial, a ser base de estacionamiento de dispositivos de radar y plataformas de lanzamiento de misiles. Lothar Rühl, anterior portavoz del gobierno y Secretario de Estado de Defensa alemán, señaló como auténtico móvil de la guerra la custodia de las inversiones occidentales en el nuevo Afganistán.
Así, en el marco de la ocupación, se han impuesto al gobierno vastas reformas de la economía nacional. Alemania ha participado de forma determinante en la elaboración de pactos para la protección de las inversiones extranjeras en Afganistán, la llamada Investitionsschutzabkommen. Estos acuerdos permiten la total apropiación de empresas afganas por parte de ciudadanos extranjeros; empresas que quedan protegidas contra la expropiación y liberadas, por si fuese poco, del pago de impuestos en los primeros ocho años. "El mantenimiento del libre comercio internacional, el acceso sin obstáculos a los mercados y materias primas en todo el mundo" fueron ya en 1992 mencionados como justificados motivos de guerra en la directrices de la política de defensa alemana.
La demostración de su lealtad a la OTAN es una razón añadida para la prolongación de la participación alemana en la guerra. El gobierno alemán desea asegurar su posición en la OTAN y simultáneamente fortalecer la organización. La retirada de las tropas alemanas de Afganistán supondría un fracaso de la "Guerra contra el Terror" y cuestionaría la actual concepción de la Alianza en tanto que fuerza de intervención internacional también en futuras misiones bélicas.
¿Quién gana con las guerras?
Y por encima de todo: el negocio con la muerte es una empresa boyante. En 2007 los gastos militares alcanzan en todo el mundo una cifra record. El volumen de ventas de la industria militar aumentó ferozmente mostrando hasta qué punto el negocio bélico es lucrativo. Lo militar devora millones. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz, con sede en Estocolmo, identifica los mayores exportadores de armas del mundo. Alemania ocupa el tercer lugar a nivel mundial, con un porcentaje del 10% del total de las exportaciones.
Por poner un ejemplo, la empresa Heckler & Koch vende su fusil de asalto G36 en los focos de tensión del mundo. Entre otros, al ejército georgiano, que atacó el 8 de agosto de este año la capital de la provincia de Osetia con armas alemanas. Con esta ofensiva militar georgiana comenzó la guerra sucia en el Caúcaso. La guerra ha afectado principalmente a civiles desarmados, entre ell@s niñ@s: víctimas de un conflicto latente desde hace ya años. A pesar de que el gobierno federal prohíbe la exportación de armamento bélico a estados que violan los derechos humanos o se encuentran en estado de guerra, a zonas bajo un clima de tensión política, el G36, arma estándar del ejército alemán, fue ya facilitado en 2005 a Georgia. O bien Heckler & Koch suministraron las armas de forma ilegal, o bien fueron revendidas por EEUU infringiendo con ello la ley alemana de exportación de armas. ¿Quién investiga estas actividades criminales? ¿Quién las condena?
¿De dónde proviene el dinero para la guerra?
La participación bélica alemana aumenta y la industria armamentística continúa haciendo su agosto. Con el presupuesto de defensa se asientan los fundamentos financieros para que el ejército pueda llevar a cabo sus campañas militares. El 30 de noviembre de 2007 l@s parlamentari@s aprobaron los presupuestos para 2008 acordando un aumento del budget de defensa de 1.000 millones a 29,45 mil millones de euros. El empobrecimiento de una gran parte de la población no puede disociarse de la situación bélica general, ésta es una de sus causas: demasiado dinero fluye a las arcas del Ministerio de Defensa. El presupuesto de guerra aumenta, se ahorra en las inversiones sociales. Los recortes sociales afectan en primer lugar a aquellos que menos tienen. Las distintas clases sociales se empobrecen, surge entre la ciudadanía una nueva forma de penuria, de indigencia.
La nueva situación social es utilizada desvergonzadamente por los estrategas del ejército para el reclutamiento de soldados. Los catedráticos de la Universidad Militar de München dan por hecho una elevada aceptación de la violencia entre l@s jóvenes. La disposición a matar es un capital inmaterial. Una posible mejora del mercado de trabajo y del panorama educativo no es desde su punto de vista deseable: en la actual falta de perspectivas de l@s jóvenes encuentran la oportunidad de reclutar l@s suficientes soldados. Especialmente en escuelas y oficinas de empleo trata el ejército de ganar a sus reclutas.
¿Dónde están los refugiados de guerra?
La guerra contra Afganistán provoca que muchas personas deban abandonar el país. En lugar de acoger a l@s exiliad@s, y puesto que se han provocado las propias causas del éxodo, se hace padecer a las víctimas que han sobrevivido al conflicto una política de migración estrechamente vinculada a los intereses de la guerra.
La actual política de migración alemana y de la EU tiene como objetivo el internamiento de l@s refugiad@s en campamentos vecinos a las zonas de guerra, a ser posible fuera de las fronteras europeas. Se procura la expulsión inmediata de l@s exiliad@s que han conseguido llegar a Europa, que deben volver a las zonas de conflicto.
Ya en junio de 2005 los ministros de Interior de los estados federados alemanes acordaron la repatriación de todos l@s refugiad@s afgan@s. En un comienzo fueron expulsados únicamente los delincuentes y hombres solteros. En la actualidad, al menos en Hamburgo, son enviadas familias enteras a una muerte posible. Los ministros de Interior justificaron la decisión un año antes: la situación en Afganistán se habría estabilizado desde la caída del régimen talibán. La zona sería de nuevo segura.
En un documento secreto sacado a la luz por el periódico DIE ZEIT, incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores reconocía la inseguridad del país.
¿Qué resistencia es posible contra la guerra?
Es legítima toda resistencia cuyo objetivo es acometer contra el aparato militar, contra la violencia de la guerra y su rentabilización, para impedir la ocupación de un país, el asesinato de civiles y la destrucción de los fundamentos de la vida de un pueblo. El sabotaje es parte de ese derecho a la resistencia y debe, en el mejor de los casos, consolidar la prevención de males mayores como son las guerras.
En Gran Bretaña e Irlanda se llevaron a cabo tres acciones de sabotaje que los jurados populares no sancionaron, absolviendo a los acusados. En 2003 activistas por la paz provocaron daños por valor de 2,5 millones de dólares norteamericanos en el aeropuerto irlandés de Shanon con el propósito de sabotear la base americana local y sus actividades bélicas. El Estado irlandés quiso condenarl@s. El jurado popular consideró que el armamento militar del aeropuerto amenazaba la vida y los bienes de la población iraquí, juzgando así legal el logrado sabotaje.
En mayo de 2007, en la ciudad inglesa de Bristol, un jurado popular absolvió por unanimidad a dos antimilitaristas. Dos meses antes, poco antes del comienzo de la guerra de Irak, ambos habían intentado inutilizar bombarderos norteamericanos B-52 que se encontraban en el aeropuerto militar de Fairford. Justificaron los hechos alegando haber querido impedir el lanzamiento en Irak de bombas de racimo, que, como en el caso de las minas, alcanzan prioritariamente a la población civil. El jurado popular aclaró la declaración de inocencia argumentando que ambas personas habrían actuado con el objetivo de atajar un peligro mortal para la población iraquí y evitar crímenes de guerra.
También en Belfast, en el norte de Irlanda, un jurado popular declaró inocente en junio del mismo año a nueve antimilitaristas. Éstos habían emprendido una acción directa contra las oficinas de Raytheon Company para manifestar su desacuerdo con la aplicación de los sistemas de comunicación militares de la empresa por parte de la armada isrraelí en la guerra contra el líbano. Se acogieron a Observadores de los Derechos Humanos (Human Rights Watch), que habían denunciado el ataque como crimen de guerra. El jurado popular fue unánime al considerar que la destrucción de las oficinas de la compañía en Derri estaba orientado a la detención de esos crímenes de guerra.
Sin embargo, en la BRD se pone todo el empeño en mantener la calma dentro de las fronteras de la "patria" (Hinterland) para poder dedicarse "apaciblemente" a conducir guerras. Los órganos del Estado ponen todo su empeño en militarizar la sociedad y hacer visible e identificado al enemigo de forma que pueda marginársele y ocultársele en la cárcel.
Se hace reconocible al enemigo a través de la ley, a través de los artículos 129a, 129b y de su aplicación. Sobre quién es el enemigo, decide únicamente el que ostenta el poder. El proceso contra el mg debe entenderse en este sentido.
¿Sobre qué trata nuestro proceso?
Somos acusados y condenados por razón de Estado como miembros del grupo militante (mg) por nuestra resistencia antimilitarista. Nuestro juicio no trata únicamente del intento de incendio de vehículos militares, sino también de lo que se considera un delito de asociación. Bien sea a grupo criminal o terrorista, delictiva es la mera afiliación, independientemente del hecho de que cada miembro haya cometido un delito o no.
El actual artículo 129 se constituyó en la Reforma de 1951 del Código Penal con motivo de la persecución de comunistas en la República Federal Alemana. El artículo 129 actúa como derecho penal político cuando el Tribunal federal Supremo (Bundesgerichtshof) clasifica al mg como banda criminal, pesar de que el artículo 3, capítulo III, de la Constitución, garantiza que ninguna persona será favorecida o discriminada en razón de sus principios ideológicos. No obstante, permanece esa discriminación legal.
En nombre del militante gruppe se han reivindicado 24 atentados o acciones y se ha tratado de estimular un debate sobre formas de acción directa y organización de la militancia. En sus textos, el mg aclara que sus atentados sólo pueden tener en el momento actual un efecto propagandístico y de apoyo a la lucha social y antirracista. Entre tanto, el Tribunal Federal Supremo se ha distanciado de la afirmación de que estas acciones puedan minar o menoscabar al Estado, condición objetiva para la adscripción de un acto terrorista a tal categoría.
La acusación de la Fiscalía General Federal (Bundesstaatsanwaltschaft) en base al artículo 129 procura además elevar a enemigo público este tipo de resistencia organizada. Este proceso puede llegar a ser ejemplar, de modo que diversos medios de la lucha social, desde los disturbios callejeros hasta el lanzamiento de botes de pintura, ya contemplados por el Código Penal en curso, puedan ser criminalizados y castigados por un Código Penal especial.
La criminalización de la resistencia política no nos afecta únicamente a nosotros: en Stuttgart- Stammheim se lleva a cabo actualmente un proceso en base al artículo 129b. También en otros países l@s activistas polític@s son criminalizados. En francia, el movimiento Anarco-Autónomo, en Grecia l@s anarquistas, en bélgica y suiza la Ayuda Roja Internacional (Die Rote Hilfe International), en Austria, l@s activistas pro derechos de los animales, en el País Vasco el movimiento independentista; Italia, el Partido Comunista político-militar (PC p-m) o el movimiento de Génova.
¿Cómo se pertrecha el Estado contra la resistencia?
El Código Penal se transmuta en derecho profiláctico. Con tal de afianzar el sistema capitalista y poder continuar dirigiendo guerras sin impedimento, se adoptan medidas contra cualquiera. En relación directa se encuentra el desmantelamiento acelerado de los derechos democráticos; la creciente militarización; la consolidación de un Estado vigilante y fiscalizador. El objetivo de un proyecto tal de "Estado omnipresente de control" (präventiver Sicherheitsstaat) es la desarticulación del artículo primero* de la constitución, hasta ahora inviolable.(* "La dignidad de las personas es inalienable. Respetarla y protegerla es la obligación de los poderes públicos (...)")
El miedo ante el peligro terrorista es cebado de manera que pueda manipularse a l@s ciudadan@s, que consienten aquello que podría reducir el supuesto peligro. A pesar de que la amenaza terrorista no tiene ningún fundamento, parece incontrovertible de cara a la transformación del estado de derecho. La política de seguridad hace caso omiso de los derechos constitucionales. En nombre de la seguridad se sacrifica la mayor parte de las libertades civiles y much@s ni siquiera son conscientes de ello.
Así por ejemplo, el ministro de Interior suprime la prohibición de la tortura: está en la mano de los servicios de seguridad del Estado utilizar la declaración de los acusados tras brutales interrogatorios. El ministro de Interior fantasea con fusilamientos fuera de la legalidad y desea permitir el abatimiento de aviones secuestrados. Ya puestos en práctica o bien aún en la agenda del Ministerio de Interior, se encuentra el encarcelamiento en campamentos de los así llamados "conspiradores" o "subversivos"; la prohibición de comunicación entre activistas políticos "indeseables" o grupos de inmigrantes; el despliegue de militares armados contra manifestantes; el registro de viviendas sin la presencia de testigos o afectados y el registro secreto de la navegación en internet; el empleo de "esquemas de criba de sospechosos" (Rasterfahndung) o, en definitiva, la ilimitada vigilancia y control de l@s ciudadan@s por parte de la policía y los servicios secretos.
La agresividad con la que puede recrudecerse la situación queda ilustrada por las propuestas de la ministra federal de Justicia Brigitte Zypries, del partido socialista alemán (SPD), que pretende incluso ampliar la Ley antiterrorista con los artículos 89ª (preparación de actos violentos) y 91 (instrucciones para actos violentos). Según estos artículos, cualquier individuo aislado podría ser perseguido bajo la acusación de pertenencia a grupo terrorista.
Que el ordenamiento jurídico sea suspendido no es nada nuevo en el marco de la represión estatal de la república Federal Alemana. Ya en los años setenta, los llamados comités de crisis amalgamaron en un único complejo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para combatir al RAF. Durante el secuestro de Schleyer (portavoz de la asociación patronal de la industria alemana, antiguo oficial de las SS y buen padre de familia), los comités de crisis barajaron la posibilidad de aplicar la pena capital a los activistas del RAF encarcelados. El Fiscal General Federal(Generalbundesanwaltschaft) Kurt Rebmann, llegó a proponer transformar de inmediato el artículo 102 de la Constitución que abole la pena de muerte, para fusilar a aquell@s prisione@s que debían ser puestos en libertad a cambio de la liberación de Schleyer.
¿Qué nos enseña la Historia?
De la Historia del fascismo alemán hemos aprendido como mínimo que el Estado Nacional Socialista con apoyo de la población nacional movilizada impulsó una violencia sin límites que los pueblos europeos tuvieron que padecer brutalmente. Tras la Segunda Guerra Mundial, los millones de muertos que dejó atrás y el exterminio del judaísmo europeo sólo puede extraerse una enseñanza: nunca más una guerra, nunca más el fascismo.
Esta enseñanza alimentó también la resistencia de la postguerra: la resistencia contra el rearme, contra las pruebas nucleares, contra las maniobras de la OTAN, contra la política bélico-imperialista de EEUU.
Cuando el tribunal trata de castigarnos, orienta su acusación contra el intento emancipatorio de oponerse al Estado y a la política dominante que en nombre de la llamada "Guerra contra el Terror" conduce guerras, bombardea, asesina y tortura.
¡Nunca
más una guerra!
¡Muchas
formas de la Resistencia son legítimas!
¡Por
un mundo comunista!
Con Tucholsky decimos: ¡Combate la guerra! ¡Paz en la tierra!